El poder económico, el poder político y las influencias, son determinantes para que en México se le haga justicia a una persona, concluye por otra parte el estudio denominado “Percepciones de Impunidad 2024”, presentado en julio del 2024 por la organización de investigaciones académicas y jurídicas llamada Impunidad Cero, con base en una enuesta realizada a 1,008 personas en todo el país, con un margen de error de +/- 3.1 por ciento y un nivel de confianza estadística del 95 por ciento.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Más allá de los debates entre quienes respaldan la reforma al Poder Judicial y quienes se oponen a ella, porque consideran que ministros, magistrados y jueces no deben ser electos por voto popular, están las muy adversas y severas percepciones de la mayoría de los mexicanos, que no consideran confiables a esos presuntos servidores públicos.
La reforma es obligada en un país en donde sólo el 39.4 por ciento de la población, en promedio, dice tener mucha o algo de confianza a magistrados y jueces. A esta conclusión llega al Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en una robusta muestra en 46 mil viviendas a todo lo largo y ancho del país.
Tantas personas no pueden estar equivocadas, pese a que jueces, magistrados y ministros se opongan a un cambio que pondría en riesgo sus privilegios.
En los estados de las regiones Occidente, Sur y Sureste de la República Mexicana es en donde menos confianza se tiene en jueces y magistrados: el rango de aprobación es entre el mínimo del 27.2 por ciento y un máximo del 42.8 por ciento.
Mientras que las zonas metropolitanas en las que la gente muestra menos empatía por magistrados y jueces son las de Tijuana, Baja California, y Ciudad de México, en el Valle del Anáhuac, donde el respaldo a estos funcionarios del poder judicial oscila entre el 19.8 por ciento y el 32.9 por ciento.
Observado desde otra perspectiva el fenómeno de la administración de Justicia y del Poder Judicial, el 66.7 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción es un asunto frecuente entre jueces y magistrados, y sólo el 39.4 por ciento confía en ellos.
El poder económico, el poder político y las influencias, son determinantes para que en México se le haga justicia a una persona, concluye por otra parte el estudio denominado “Percepciones de Impunidad 2024”, presentado en julio del 2024 por la organización de investigaciones académicas y jurídicas llamada Impunidad Cero, con base en una enuesta realizada a 1,008 personas en todo el país, con un margen de error de +/- 3.1 por ciento y un nivel de confianza estadística del 95 por ciento. El marco muestral de referencia fueron las secciones electorales definidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El estudio de Impunidad Cero refleja que la percepción de los mexicanos mayores de 18 años es consistente: el 77 por ciento considera en mayor o menor medida que el esclarecimiento de los delitos está condicionado a la capacidad de ejercer presión política o mediática. Además, las opiniones ciudadanas identifican que el origen de la impunidad en el país radica en las deficiencias presentes tanto en la procuración como en la impartición de justicia. Esta percepción se ha mantenido constante en cada una de las ediciones de la encuesta, realizada desde 2019. Detrás de ella se manifiesta la noción de que en México el acceso a la justicia está condicionado.
Advierte Impunidad Cero que, con respecto a las principales causas de la impunidad en México, las opiniones registradas demuestran que los ciudadanos identifican problemas tanto en la procuración como en la impartición de justicia. El 22 por ciento considera que la impunidad se debe a que las autoridades están coludidas con los delincuentes. El 15 por ciento identifica que los policías no detienen a los delincuentes. Por su parte, el 14 por ciento considera que la falta de denuncia influye en la impunidad, y un mismo porcentaje de las personas encuestadas opina que los jueces liberan a los delincuentes. De manera similar, el 12 por ciento opina que los agentes del ministerio público no investigan los delitos, y otro 12 por ciento percibe la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones como parte del origen del problema.
En el estudio de Impunidad Cero, el 73 por ciento de los encuestados está total o parcialmente de acuerdo con que “todas las personas acusadas de cometer un delito deben permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa”. Los niveles de aceptación de la prisión preventiva en cada encuesta realizada, permanece arriba del 70 por ciento. La gran mayoría de las personas de 18 años y más está parcial o totalmente de acuerdo con que todos los delitos se deben sancionar con cárcel (80 por ciento). Sólo el 19 por ciento está total o parcialmente en desacuerdo con esta afirmación.
Que la opinión pública sobre el sistema de justicia sea que las autoridades no hacen su trabajo de manera eficiente, que el acceso a la justicia es sólo para unos cuantos, y que los niveles de impunidad no disminuyen, permite entender —en parte— de dónde viene la preferencia de los mexicanos por las medidas punitivas. Durante 2023, en México, ocho de cada diez personas consideraron que todos los delitos deben ser sancionados con cárcel, y siete de cada diez entrevistados respaldaron que las personas acusadas permanezcan en la cárcel mientras se investiga si son culpables.
